Agencia de Noticias 3er Sector
Monterrey, México.- El Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León calificó el paro del transporte público por empresarios y permisionarios del transporte como inamisible e ilegal que causo pérdidas millonarias al sector empresarial y afectaciones a miles de ciudadanos nuevoleoneses, cuyo fin fue presionar para lograr el aumento de tarifas.
Nos preocupa el comunicado emitido por la administración estatal que preside Jaime Rodríguez Calderón , en el cual alega que mediante “negociaciones” llegó a “acuerdos” para que el servicio se retome con normalidad, sin aludir a las ilegalidades cometidas por los transportistas ni a las medidas de castigo, y tampoco comunica a qué acuerdos se refiere.
Además, al ser un servicio público concesionado la ley les aplica y pueden ser sancionados y revocadas su concesiones y permisos, dando paso a nuevos concesionarios con mayor compromiso y visión.
Los argumentos de los transportistas sobre la insostenibilidad del negocio se deben sustentar con información pertinente sobre sus finanzas, y presentarla claramente de manera pública.
Integrantes del Consejo Cívico, en una rueda de prensa conjunta con CANACO, CAINTRA, COPARMEX, con quienes comparten asientos en el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, rechazaron el paro del transporte urbano ocurrido en la madrugada del 29 de abril al asegurar que tomaron de rehenes a los usuarios de transporte público y exigieron restituir inmediatamente el servicio regular de transporte urbano en toda la zona metropolitana.
Según un sondeo realizado por la CAINTRA de Nuevo León, hoy en la mañana un tercio de los trabajadores llegaron entre dos y tres horas tarde a su trabajo. Las afectaciones a miles de ciudadanos y empresas pueden ser cuantificadas en cientos de millones de pesos.
Ante estos hechos notamos un gobierno tibio y ausente que no ha podido conciliar intereses y ver por la ciudadanía. Estamos consternados por la falta de liderazgo e iniciativa que han manifestado los titulares de las dependencias encargadas.
Hemos repetido en múltiples ocasiones la urgencia de una reestructura total del sistema, basada en datos y evidencias, para efectivamente garantizar la demanda en todas las zonas, con una oferta de calidad y que cumpla con la Ley.
Estaremos a la expectativa de que las instancias de gobernanza previstas por Ley operen y sirvan de cáliz efectivo a las discusiones entre partes involucradas.
