Monterrey, México.- Desde CADHAC vemos con preocupación los mensajes que se desprenden de las mantas dirigidas al Gobernador del Estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, colocadas el 23 de mayo del presente año, en distintos puntos de la entidad, que denuncian extorsiones, solicitud de cuotas ilegales, venta de drogas dentro de los penales, entre otros actos, bajo la aquiescencia de las autoridades penitenciarias.
En los últimos meses, desde CADHAC, hemos realizado constantes llamados para que las autoridades responsables del sistema penitenciario de Nuevo León actúen de forma efectiva para evitar que se sigan cometiendo violaciones de derechos humanos en detrimento de la población penitenciaria y sus familiares.
Los mensajes colocados en las mantas confirman que la violación a los derechos humanos contra la población penitenciaria continúa y no se observan cambios substanciales en la vida de las personas privadas de libertad.
Los altísimos niveles de abusos, tratos inhumanos y degradantes conducen a violaciones al derecho a la vida, actos de tortura generalizada, los alarmantes índices de conflictos al interior, y a deteriorar las condiciones de vida, de por sí, precarias.
Es indispensable que las autoridades del Estado atiendan esta situación para que, esta problemática se resuelva con carácter de urgente y no trascienda a escenarios trágicos que se han vivido en el pasado reciente.
Conviene destacar que, de acuerdo con los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, la población penitenciaria tiene derecho al respecto a la dignidad humana y a la integridad personal. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal.
En consecuencia, el Estado, como responsables de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los defendidos”.
En el mismo sentido, la CIDH, en su “Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas” publicado en 2011, confirma como norma internacionalmente aceptada en el derecho internacional, el derecho de las personas privadas de libertad a recibir un trato humano mientras se encuentren bajo la custodia del Estado. Esto significa que el Estado, al privar a una persona de libertad, adquiere obligaciones específicas en el respeto y garantía de sus derechos.
Resulta lamentable que esta situación se presente en el contexto actual que se vive en el país. Como lo señala las “directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por covid-19”, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas: “El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y los malos tratos y el derecho a no ser detenido arbitrariamente, siguen vigentes en todas las circunstancias… La prohibición de la privación arbitraria de la vida, la tortura y otros malos tratos es absoluta e inderogable en todo momento”. En ese sentido, es indispensable recordar que, en todo momento, pero sobre todo en los tiempos actuales, donde los grupos especialmente vulnerables como la es la población penitenciaria requieren especial respeto a sus derechos humanos.
Solicitamos al Gobernador del Estado de Nuevo León que:
Asuma de manera directa la responsabilidad del Sistema Penitenciario del estado y tome las medidas necesarias, a fin de garantizar la integridad física y emocional de las personas privadas de su libertad.
Asegure una comunicación confiable entre las personas privadas de su libertad y sus familiares de manera regular, tomando en consideración la compleja situación por la emergencia sanitaria.
Implemente de manera inmediata las medidas preventivas necesarias para proteger a las personas privadas de su libertad, de ataques y atentados que provengan de sus propios agentes.
Bajo ninguna circunstancia autorice traslados de internos a Centros Penitenciarios Federales de otros estados.
Solicitamos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León que:
Inicie de oficio una investigación por lo hechos perpetrados en perjuicio de las personas privadas de la libertad y sus familiares y se actúe en consecuencia.
Solicitamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que:
Su presencia inmediata a fin de que certifiquen las condiciones carcelarias en que se encuentran las personas privadas de la libertad, en el estado de Nuevo León.
Solicitamos a la Secretaría de Salud, intervenga de manera inmediata a fin de que:
Se realice una revisión médica a cada una de las personas privadas de su libertad y en caso necesario, sean atendidas diligentemente.
