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LA MINA de oro de Mina, Nuevo León

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NUEVO PENAL… viejas mañas”...

NOTARIOS metidos en transas...

NOTARIOS que dan fe… Notarios que nos hacen perderla…

Por Ángel Quintanilla / Monitor Político

Monterrey, México. LA TRAGEDIA apura: motines y disturbios marcan la urgencia. ¿Fueron provocados? Ya pasó un motín en el inicio de la administración de Samuel García. Varios incidentes y motines por mafias internas ocurridas en el ya cerrado Penal del Topo Chico reforzaron la idea de desmantelar el viejo reclusorio y construir uno nuevo para justificar la inversión. Pero los pillaron con transas donde intervinieron hasta notarios famosos. Sigamos con la historia, LA MINA de oro de Mina, Nuevo León.

POR EL descontrol en los penales de Nuevo León, desde la administración del priista José Natividad González Parás, se decidió cerrar el penal del Topo Chico y construir uno nuevo, que, su sucesor Rodrigo Medina, decidió fuera en el municipio de Mina, pero no se concretó porque al entrar su sucesor, el independiente Jaime Rodríguez, apodado El Bronco, hoy irónicamente preso en un penal que construyó, descubrió que la familia de Los Medina y amigos, se beneficiaron con la compra-venta de los terrenos. Hoy, no existen ni el penal de Topo Chico que se destruyó para ubicar un parque público, ni el de Mina, pero siguen los motines y disturbios en los penales...

SEGÚN fuentes relacionadas con el sistema penitenciario se estiman hasta 15 millones de pesos mensuales lo que se obtiene por un grupo del narcotráfico por concepto de cuotas de extorsión a los internos para no ser golpeados, venta de drogas y otras mercancías o privilegios. Al encabezar la ceremonia de cierre de operaciones del penal del Topo Chico, El Bronco, casi a punto de dejar su cargo, y sin imaginarse que él también sería preso, declaró que se estaba haciendo un trabajo profesional para tener el control completo en los reclusorios. “Hoy lo tenemos, el autogobierno no va a regresar, no más extorsiones a los presos, a sus familias que han perdido patrimonio además de la tranquilidad, ese es el reto y ese es el encargo al secretario de Seguridad, que irónicamente continúa siendo Aldo Fasci con el nuevo gobierno...

EL SIETE de enero de 2022, a tres meses de iniciada la administración de Samuel García Sepúlveda como gobernador de Nuevo León, se registraron disturbios en el interior del penal de Apodaca, lo que motivó el arribo de elementos de Fuerza Civil y fuerzas federales, al igual que familiares de los internos. Hubo alrededor de 60 lesionados. Los incidentes se presentaron horas después de que el gobernador Samuel, en una reunión sobre seguridad, afirmó que a partir de ese día el estado retomaría el control de los penales, “y no se vuelva a delinquir ni entrar ni salir llamadas, ni estrategias delincuenciales, desde ningún penal de Nuevo León”. Le dieron, como se dice en el argot del bajo mundo, “su caladita”...

TOPO CHICO vivió 76 años, fue inaugurado el 3 de octubre de 1943, hasta que lo derrumbaron a finales de 2021, pero dejó en su historia decenas de hechos sangrientos y sin precedente que ocurrieron en su interior como motines, fugas, sobrepoblación y enfrentamientos. En ese reclusorio, se registró la peor masacre de internos en el país en 2016. La noche del 10 y madrugada del 11 de febrero de 2016, murieron 49 internos en un enfrentamiento entre dos facciones del cártel de Los Zetas, que se disputaban el “autogobierno” del reclusorio más antiguo de la entidad. Sólo ese año se registraron un total de seis hechos violentos que sumaron 54 muertos y 41 heridos...

ANTES, el 19 de febrero de 2012, en el penal de Apodaca, se presentó la que para entonces constituía la peor masacre en un reclusorio del país. Fueron asesinados 44 internos relacionados con el Cártel del Golfo y se fugaron 37 vinculados a Los Zetas. Después de la matanza de Apodaca, las autoridades empezaron a recluir en Topo Chico a peligrosos líderes de Los Zetas y del Cártel del Golfo. Mismos que luego fueron llevados a los penales de Apodaca y Cadereyta. Para evitar que esos reos controlaran los penales, desde tiempos del gobernador Natividad, se pensó en construir uno nuevo...

EN OCTUBRE de 2008, el gobierno dijo que planeaba construir un penal de máxima seguridad en Mina, obra que fue cancelada en 2015, oficialmente, por “falta de recursos”, pero luego se supo del fraude en la compra y venta de terrenos ejidales en tiempos de Rodrigo Medina. Con "El Bronco" se planeó abandonar dicho proyecto y llevar el penal a Galeana, tierra natal del gobernador. El gobierno federal se opuso, pues se perderían los 430 millones de pesos ya invertidos en Mina...

"EL BRONCO", hoy preso, cerró el penal de Topo Chico y afirmó que los recursos que se obtuvieran con la venta del terreno serían utilizados para el nuevo reclusorio, que sería construido con la modalidad de Asociación Público Privada “y dejar su administración al sector empresarial”. Pero, se terminó su sexenio y a los tres meses que entró el nuevo gobernador, el naranja García Sepúlveda, volvieron de nuevo los motines en los penales, donde, dicen, sigue el control a mano de capos de la delincuencia organizada, aunque lo niegue el gobierno...

PERO, ¿POR qué no se construyó un nuevo penal en Mina? Esa es la historia que le contaremos mañana en el siguiente capítulo, donde la mala praxis de algunos notarios, confabulados con políticos, nos han causado serios trastornos en materia de seguridad...

NOTARIOS metidos en transas...

EL EMPRESARIO Jorge Sada Solano denunció  al notario público 75, Ignacio Martínez, a quien acusó de falsificar firmas de un testamento. Mismo personaje que pudiera estar vinculado a la compra de terrenos en Mina y Pesquería con Rodrigo Medina; hay informes de que el ex presidente del Campestre transa a familias y se asocia con el gobernador; que triangula negocios entre empresarios, familiares de políticos y Gobierno del Estado. Absoluta falta de escrúpulos. Está en la mira del SAT y la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León. Pero vámonos por partes, como dijo el descuartizador de Londres...

UNO DE los nombres que aparecen como beneficiarios de la compra y venta de terrenos ejidales en Mina, junto con la familia del ex gobernador Rodrigo Medina, y con los dueños de Grupo Kalos, donde se iba a construir un penal para evitar que reos peligrosos controlaran los penales de fuero común y que nunca se construyó, dejando a los capos que iban a ser enviados ahí continuar con el control y el gobierno de los penales de Nuevo León, y que ha propiciado motines, muertes y lesionados, uno de esos nombres, ha aparecido en otros asuntos de escándalo en la entidad: Ignacio Gerardo Martínez González, quien al parecer es el mismo que funge como titular de la Notaría Pública 75, ubicada en San Pedro Garza García...

EN LA DIRECCIÓN General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública se registran dos cédulas profesionales con este nombre. Una data de 1963 como graduado en Economía por el Tecnológico de Monterrey y la segunda es una licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 1989. Como antecedente de su actuar, aparte de su intervención en los terrenos de Mina, está el hecho de que desde 2019 el empresario Jorge Sada Solano acusó a su notaría de avalar un testamento falso donde se le quitaba la herencia de su padre. En medio de un conflicto familiar muy complejo inculpó a su hermano Carlos y su madre Lupina de despojarlo de su legado...

TRAS EL fallecimiento de su progenitor, Jorge Sada Rivero, el heredero identificó que la firma paterna en el testamento no era presuntamente la misma que él conocía. Se enteró de esta aparente irregularidad cuando acudió a la Notaría Pública No. 75. Inconforme, promovió un juicio ordinario civil sobre nulidad del testamento que se encuentra radicado en el distrito primero familiar del cuarto distrito judicial en San Pedro bajo el expediente 1043 del 2019. Finalmente ganó el juicio y demandó a su familia...

DOS AÑOS después de esa controversia, en 2021, Martínez González parece haber extendido su área de interés fuera de Nuevo León. Fuentes informativas revelan que, en Texas, el pasado 2 de septiembre de 2021 fue registrada una LLC (Compañía de Responsabilidad limitada doméstica) que lleva por nombre MOFECO y que parece ser filial de un corporativo legal internacional llamado Patel Law Group con poder de operación en Texas. Esta LLC registra como directores a Ignacio Gerardo Martínez González y Mónica Lorena Jaime Coindreau, ambos con sede en San Pedro Garza García. Con dirección en Plaza de Venecia 118, Colonia Valle de San Ángel en San Pedro...

SEGÚN SU página de Internet, “Patel Law Group” representa a inversionistas, propietarios, inquilinos, prestamistas y desarrolladores en todo el espectro de adquisición, disposición, formación de capital, finanzas, desarrollo y arrendamiento de bienes raíces. Promueven los intereses de los clientes en proyectos inmobiliarios de todo tipo, incluidos comercios, oficinas, hoteles, departamentos, atención médica, desarrollo unifamiliar y propiedades industriales” y tiene oficinas en Houston y Dallas Texas y Oklahoma...

TAMBIÉN aparece como directora de la LLC Mónica Lorena Jaime Coindreau, de SPGG, quien en mayo de 2001 presentó ante el municipio una solicitud de una compensación por la realización de una obra de drenaje pluvial en el patio de su casa que resultó en beneficio de toda la cuadra. Asentó como su dirección la calle de Venecia, colonia Valle San Ángel, Sector Jardines, en San Pedro Garza García, es decir, prácticamente la misma dirección registrada en la LLC...

IGNACIO Gerardo Martínez González y Mónica Lorena Jaime Coindreau, los dos directores de MOFECO, parecen ser los mismos que recientemente aparecieron en las páginas de sociales de los diarios, como esposos y celebrando la boda civil de su hija. La duda es: ¿para qué busca Martínez González poder operar en Texas a través de un consorcio legal? ¿acaso se trata de dar sustento formal a los negocios inmobiliarios que diversos medios han atribuido a sus amigos, como papá Medina en ese estado de la Unión Americana o hay otro interés personal?...

AL INTERIOR de la Notaría 75, despacha Julio César Valdez Rodríguez, como notario suplente. Existen dos cédulas profesionales con este nombre. La primera de ellas es de una licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, expedida en el 2000. La segunda se refiere a una licenciatura como Contador Público Auditor por la Universidad Metropolitana de Monterrey y fue expedida en 2010...

UNA INVESTIGACIÓN más detallada localizó un proceso legal en Estados Unidos en 2015 de una persona también llamada Julio César Valdez Rodríguez quien demandó al fiscal General Eric H. Holder, por negarse a reajustar su estatus legal en ese país, lo que derivó en su deportación a México en 2006. No se sabe si se trata de un homónimo. El documento señala que Valdez Rodríguez residió en Texas del 2000 al 2005 e ingresó varias veces de manera ilegal en aquel país. En tanto, en México existen tres procesos legales (vigentes o ya concluidos) en los que una persona con ese nombre está involucrada, ya sea como demandante o como demandado, dos en Sonora y uno en Monterrey...

FRANCISCO Garza Calderón, hoy fallecido, fue el primer notario suplente de la Notaría 75, tomando posesión del cargo el 16 de diciembre de 2008 y concluyendo el 9 de diciembre de 2020. Estudió Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, titulándose en 1956. Él era el notario titular, luego le dejó el cargo a su suplente Ignacio Gerardo Martínez González, justo en las fechas cuando se hizo los trámites de los terrenos para Kia en Pesquería y para el penal de Mina. Posteriormente dejó la notaría y Julio César Valdez pasó a ser el suplente de Ignacio Gerardo...

CON MAYOR desenvolvimiento en el mundo de los notarios, Garza Calderón, de 2002 a 2003 fue presidente del Colegio de Notarios Públicos en Nuevo León. En 2014 fue reconocido entre los abogados con más de 30 años en esa actividad. Un buscador jurídico nos arroja dos procesos legales en los que se vio involucrado, como demandado o demandante, ambos en Nuevo León, sin que se tengan más detalles. En fin, nombres relacionados entre sí, de autoridades y particulares, que tuvieron que ver con el fallido intento de construir un nuevo penal de alta seguridad en Nuevo León para terminar con el autogobierno de los centros penitenciarios por grupos del crimen organizado.

NOTARIOS que dan fe… Notarios que nos hacen perderla…

SEGUIMOS con la serie de intervención de notarios en temas políticos: Hoy veremos cómo el “Golden Boy”, familia y allegados compraron barato y vendieron caro. La mina de oro en Mina NL. Y la intervención de don Humberto. El Rat Pack: Familiares, empresarios, políticos y notarios públicos… “aves del mismo plumaje”. Si quiere ver los dos primeros capítulos de un Notario de mala fe, que pierde la confianza de sus clientes, ingrese a www.monitorpolitico.com en la sección del Perico Polico…

¿QUÉ PASÓ con el penal del Mina? En agosto de 2016, la revista Forbes, reveló que el ex gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, además de presuntamente beneficiar a la empresa coreana KIA, como lo señaló el gobierno de El Bronco, hoy preso por Samuel García, fue descubierto un negocio de tierras en el que se vio beneficiada su familia y del que dependía la construcción de un nuevo penal en Nuevo León. La investigación que buscaba meter a la cárcel al ex gobernador Medina, sus familiares y amigos, no terminó en nada, pero sí reveló relaciones escandalosas a través de los medios. Algo como lo que está sucediendo con este nuevo gobierno respecto al anterior…

EL PADRE de Rodrigo Medina, su madre, sus hermanos y sus amigos adquirieron 2,428 hectáreas de terrenos ejidales a bajo precio, los cuales fueron revendidos con un sobreprecio a la misma administración de Rodrigo Medina para que construyeran ahí el nuevo Penal de Mina, una prisión que finalmente no recibió a los reclusos de alta peligrosidad de Topo Chico, en donde en menos de seis meses se asesinaron a 52 personas…

EL GOBIERNO de El Bronco investigó, informó del posible involucramiento del padre del ex gobernador Rodrigo Medina, así como la red de funcionarios y empresarios que presuntamente se beneficiaron también con el proyecto de la planta de KIA en el municipio de Pesquería. Algunos de ellos, involucrados en la campaña del ex alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, quien finalmente perdió la contienda para conseguir la gubernatura para el PRI, que ganó el emecista Samuel de la Garza y donde hay nombres de empresarios y de notarios, que son renombrados porque protocolizan, por ejemplo, las asambleas, de grandes empresas, como Xignux y Cemex…

ALDO FASCI, quien entonces era asesor legal del gobernador Jaime Rodríguez, luego secretario de Seguridad, puesto que también tiene ahora con Samuel García, reveló, en su momento, que la Fiscalía Anticorrupción indagaba los nexos de Humberto Medina Ainslie, padre del ex mandatario priista, en la maquinación que se armó presuntamente para desviar recursos públicos a las obras que se ejecutaron para la instalación de la planta de la armadora coreana en Nuevo León. Pero, según estas investigaciones, también el ex mandatario hizo una triangulación para que sus familiares se quedaran con parte de un jugoso negocio carcelario, en tiempos que no existía la Fiscalía, sino la Procuraduría de Justicia, que curiosamente estaba a cargo de Adrián de la Garza.

EN AQUEL tiempo se reveló que “Humberto Ricardo Medina Ainslie (padre del ex mandatario neoleonés), María Rebeca de la Cruz Barrera (madre del político del PRI), así como Humberto Ricardo y Alejandro David Medina de la Cruz (sus hermanos) se presentaron como propietarios de 14 parcelas en los ejidos California, La Azufrosa y El Pui en Mina, Nuevo León”, de acuerdo con actas de la asamblea ejidal. Los documentos certificados del Registro Agrario Nacional (RAN) señalan que en la compra de tierras también participaron Francisco Cienfuegos Martínez, entonces alcalde priista de Guadalupe, así como los hermanos Héctor Armando, Alejandro y Elisa Martínez Martínez; propietarios de Grupo Kalos Regiomontana, una compañía dedicada a la construcción de almacenes y edificios industriales…

SEGÚN ESTO, los hermanos Martínez Martínez, se quedaron con 10 parcelas, usadas por la familia de Rodrigo Medina para apoderarse de los terrenos ejidales. Otros 20 predios de Mina quedaron en manos de personas cercanas al ex gobernador como: Alicia Martínez Elías Calles, David Jiménez Rodríguez, Gerardo Jiménez Rodríguez, Ignacio Gerardo Martínez González, Olga Deciga Peña y Rogelio González Aguilar. Entre ellos estaba el notario que protocolizó el acta constitutiva y que también se quedó con terrenos y que hablamos de él en el primer capítulo…

EL SUPUESTO tráfico de influencia se conoció el día en que Rodrigo Medina dejó el poder. Los reveló El Bronco y su fiscal anticorrupción Ernesto Canales, acusaciones que no llegaron a nada porque el presidente del Comisariado Ejidal, explicó a los campesinos del ejido que sus 2,428 hectáreas de terrenos de California, La Azufrosa y El Pui serían parcelas. Es decir, sus dueños tenían el camino libre para construir almacenes, viviendas, o bien venderlas al gobierno de Rodrigo Medina para que ahí construyera el Penal de Mina, una obra que se quedó inconclusa, con una barda millonaria, porque nunca se construyó el penal…

CUANDO murieron 49 reos vinculados al Cártel del Golfo y Los Zetas, quienes querían controlar el Penal del Topo Chico, se dejó al descubierto que en el centro penitenciario se cobraban cuotas de piso, algunos delincuentes tenían pantallas de plasma, sauna y hasta un bar dentro del reclusorio ante la indiferencia de las autoridades. Se señaló a Jaime Rodríguez Calderón, como responsable de ese motín en Topo Chico y de no concluir el Penal de Mina. Los terrenos de esa cárcel fueron adquiridos por Rodrigo Medina junto Luis Marroquín Salazar, secretario de Obras Públicas, su familia y amigos. Por ello, ambos funcionarios fueron acusados por la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición…

NADIE pisó la cárcel (salvo Rodrigo por unas horas vestido de naranja, en un show montado para los medios). Lo único construido en Mina es una barda perimetral, cuyo costo fue de 400 millones de pesos. Es decir, el gobierno de Medina de la Cruz pagó más por una cerca de concreto, que sus familiares y amigos por todas las parcelas a los ejidatarios de Mina. El Penal de Mina fue presentado en 2009 por el ex gobernador Natividad González Parás, quien planteó enfrentar el hacinamiento de los tres centros penitenciarios de Nuevo León: Topo Chico, Apodaca y Cadereyta…

EN JULIO de 2011, en el gobierno de Rodrigo Medina inició la construcción, pero desde 2012 las obras fueron detenidas, oficialmente por falta de recursos, pero en realidad fue por el escándalo de la compra-venta fraudulenta de los terrenos y tráfico de influencias, donde participaron muchas personas, empresarios y notarios, además de la familia de Los Medina, que no fueron llevados a tribunales, solo exhibidos en los medios. En la siguiente entrega, hablaremos de esas personas. Mañana: “La mina de oro en Mina NL”. El gacho de Nacho, parte y reparte…

LA MINA de oro de Mina Nuevo León…

“YO NO puedo hablar de alguien que sea culpable hasta no tener la evidencia de que es culpable”, respondió Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, cuando Forbes México le cuestionó siendo gobernador de Nuevo León ¿Por qué Rodrigo Medina de la Cruz y sus cómplices siguen libres y nadie lo mete a prisión? Hoy quizá don Jaime Heliodoro se esté acordando de esta frase, preso en un penal que el construyó en Apodaca y donde dicen, sufre de las dolencias de los divertículos y la región lumbar...

LOS PRIMEROS avisos de que, con El Bronco, supuestamente sí investigaban y harían todo lo posible para meter a la cárcel a los anteriores gobernantes, se dieron el 3 de junio de 2013, cuando un Juez de Control embargó los bienes de 11 ex funcionarios de la Administración estatal anterior, incluidos los de Rodrigo Medina de la Cruz y Luis Marroquín Salazar. Dentro de la Operación Tornado, una investigación sobre peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones, que es equiparable al ejercicio abusivo de funciones y coalición. “No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios, de lo que se trata es de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar”, manifestó Ernesto Canales Santos, subprocurador Anticorrupción. Discursos que se parecen mucho a los que escuchamos ahora con el nuevo gobierno…

RODRIGO Medina respondió en una carta enviada a todos los medios de comunicación: “El pueblo de Nuevo León puede estar seguro que durante mi gestión no llevé a cabo alguna conducta indebida. Las pesquisas son carentes de sustento jurídico”…

PERO, EN una asamblea de los ejidos de junio de 2013, se menciona que se reconoce como posesionarios de las áreas donde se construiría el penal de Mina a las siguientes personas, en orden alfabético por su primer nombre: Alejandro David Medina de la Cruz, Alejando Martínez Martínez, Alicia Martínez Elías Calles, Elisa Martínez Martínez, Francisco Cienfuegos Martínez, Gerardo Jiménez Rodríguez, Héctor Armando Martínez Martínez, Humberto Ricardo Medina Ainslie, Humberto Ricardo Medina de la Cruz, Ignacio Gerardo Martínez González, María Rebeca Medina de la Cruz, Olga Deciga Peña, Rogelio González Aguilar, Humberto Ricardo Medina Ainslie (padre del ex mandatario neoleonés), María Rebeca de la Cruz Barrera (su madre), así como Humberto Ricardo y Alejandro David Medina de la Cruz (sus hermanos) se presentaron como propietarios de 14 parcelas en los ejidos California, La Azufrosa y El Pui en Mina, Nuevo León”, de acuerdo con actas de la asamblea ejidal, dada a conocer por los medios…

LOS CERTIFICADOS del Registro Agrario Nacional (RAN) señalan que en la compra de tierras también participaron Francisco Cienfuegos Martínez, entonces alcalde priista de Guadalupe, así como los hermanos Héctor Armando, Alejandro y Elisa Martínez Martínez; propietarios de Grupo Kalos Regiomontana, una compañía dedicada a la construcción de almacenes y edificios industriales. Se dijo que a los hermanos Martínez Martínez, quienes se quedaron con 10 parcelas, los usó la familia de Rodrigo Medina para apoderarse de los terrenos ejidales…

OTROS 20 predios de Mina quedaron en manos de personas cercanas al ex gobernador como: Alicia Martínez Elías Calles, Gerardo Jiménez Rodríguez, Ignacio Gerardo Martínez González, Olga Deciga Peña y Rogelio González Aguilar. Entre estos nombres también está, presuntamente, el notario que ha protocolizado diversos hechos de tráfico, influencia, actos de abuso de poder, por parte de servidores públicos…

SOBRE LOS hermanos Martínez, partícipes en la compra-venta de terrenos para el penal de Mina, sus nombres fueron ampliamente difundidos durante la campaña en 2021 para elegir gobernador de Nuevo León, pues le cedieron terrenos y oficinas como casas de campaña para el candidato a gobernador Adrián de la Garza, como al candidato a alcalde de Monterrey, Francisco Cienfuegos, ambos perdedores en junio del año pasado, frente a los emecistas Samuel García y Luis Donaldo Colosio, respectivamente. De ellos nos ocuparemos en la siguiente entrega. Mañana lea el último capítulo de esta historia que habla sobre los “Notarios de mala nota ¿Quién lo “Notaría”?” Si usted quiere leer la serie completa que arrancamos este lunes, ingrese a www.monitorpolitico.com en la sección del Perico Polico, ahora que, si alguien con su nombre y apellido aparece en las notas, como es el caso de don David Jiménez Rodríguez, quien manda una aclaración que aparece en los comentarios del lector, es porque así está en los expedientes en los juzgados, a lo mejor son homónimos, alguien diferente, pero que se llama como usted y, si es así, no deben sentirse aludidos; o peor, porque un notario certificó que era usted, y falsificó su firma, que de eso, precisamente, se trata en estos capítulos; por cierto…