Ciudad de México, Agencia de Noticias 3er Sector.- Clara Luz Flores Carrales, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar dos denuncias penales contra el gobernador Samuel García Sepúlveda y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos y posibles beneficios a intereses particulares.
Flores Carrales explicó que el propósito de las denuncias es que las autoridades federales investiguen los hechos, reconstruyan la ruta del dinero e identifiquen a las personas que pudieran tener responsabilidad legal.
“Hoy acudo a la Fiscalía General de la República para buscar justicia para el pueblo de Nuevo León”, declaró.
La primera denuncia señala a Samuel García, a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y a otras personas que pudieran resultar responsables.
De acuerdo con Flores Carrales, los presuntos delitos denunciados incluyen delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La coordinadora señaló que investigaciones periodísticas han documentado una presunta red de empresas mediante la cual recursos públicos del Gobierno de Nuevo León habrían sido transferidos hasta llegar a un despacho jurídico vinculado con el gobernador y su entorno familiar.
También hizo referencia a una denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionada con presuntas irregularidades por 7 mil 212 millones de pesos, así como a investigaciones periodísticas sobre contratos por 110 millones de pesos con empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Flores Carrales cuestionó el argumento atribuido al gobernador en su contestación a un procedimiento de juicio político ante el Congreso de Nuevo León, según el cual los recursos públicos pierden ese carácter una vez que el gobierno paga a un proveedor privado.
“Los recursos públicos no dejan de ser materia de escrutinio por el simple hecho de pasar por una cuenta privada”, sostuvo.
Denuncian presuntas irregularidades en el caso Next Energy
La segunda denuncia está dirigida contra Adrián de la Garza Santos, alcalde de Monterrey, y Jovita Morín Flores, excontralora municipal y militante del PAN.
Los señalamientos están relacionados con el caso Next Energy e incluyen presuntos delitos de delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.
Flores Carrales mencionó una contratación con una autorización presupuestal de 7 mil 370 millones de pesos y una vigencia de hasta 30 años. Asimismo, afirmó que, según las investigaciones a las que hizo referencia, los pagos habrían superado los mil 603 millones de pesos.
Ante estos señalamientos, pidió esclarecer si existieron conflictos de intereses, tráfico de influencias o favorecimiento indebido de empresas, además de identificar quién autorizó los contratos y ordenó los pagos.
También solicitó verificar si los servicios fueron efectivamente prestados, si las empresas involucradas contaban con los permisos correspondientes y si los pagos se justificaron conforme a los avances de obra.
Piden rastrear el destino de los recursos públicos
Como parte de las investigaciones, Flores Carrales pidió la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera de Nuevo León y la Auditoría Superior de la Federación.
El objetivo, explicó, es reconstruir las operaciones financieras, identificar las cuentas involucradas, determinar si se utilizaron recursos federales y conocer quiénes fueron los beneficiarios finales.
“Lo que queremos es que las autoridades investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes. Que se investigue hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
La coordinadora sostuvo que los recursos públicos deben permanecer sujetos a revisión, independientemente de que hayan sido transferidos a empresas o proveedores privados.
“El servicio público no es un negocio personal. Los recursos públicos no son patrimonio de una familia”, expresó.
Clara Luz Flores rechaza que las denuncias sean una persecución política
Cuestionada sobre la posibilidad de que el gobernador Samuel García considere las denuncias una persecución política, Flores Carrales respondió que su actuación busca exigir transparencia y rendición de cuentas.
“Nosotros solo exigimos y venimos a exigir cuentas claras”, manifestó.
También comparó las actuaciones de Samuel García y Adrián de la Garza, al señalar que, desde su perspectiva, ambos representan prácticas similares en el ejercicio del poder.
“Samuel y Adrián representan las mismas formas de actuar y de operar”, declaró.
Flores Carrales vinculó la exigencia de revisar el uso de los recursos públicos con las necesidades de las familias de Nuevo León, particularmente en materia de medicamentos, atención médica, transporte y manutención del hogar.
Aseguró que acudió a la Fiscalía federal porque considera necesario que se investiguen los hechos dentro de las competencias de las autoridades federales.
Las denuncias se suman a una presentada en mayo
Durante la conferencia, Flores Carrales indicó que las dos denuncias son adicionales a otra presentada en mayo, por lo que señaló que se trata de tres denuncias en total.
Precisó que los señalamientos abarcan distintos periodos de las administraciones involucradas: en el caso de Adrián de la Garza, su gestión municipal anterior y la actual; y, en el caso de Samuel García y sus familiares, los años que lleva al frente del Gobierno de Nuevo León.
Sobre las pruebas aportadas, explicó que entregaron documentos relacionados con contratos, declaraciones y otros elementos que deberán ser analizados por la FGR.
La coordinadora afirmó que confía en el trabajo de la Fiscalía y reiteró que las autoridades deberán determinar si existen responsabilidades legales.
“Porque el dinero del pueblo se respeta y la justicia no se negocia”, concluyó.
Las denuncias y los señalamientos expuestos por Flores Carrales deberán ser investigados por las autoridades competentes. Su presentación no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre la comisión de delitos o la responsabilidad de las personas mencionadas.
