En una democracia, los periodistas con su trabajo se convierten en los ojos y los oídos de la ciudadanía
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza
Monterrey, México.- En los últimos sexenios, el Presidente de México en turno, siempre tiene que lidiar con algún familiar que por algunos de sus actos en lo privado que trasciende a lo público atrae un torbellino, Andrés Manuel López Obrador con su hermano Pío lo está viviendo. Recordemos que en agosto de 2020 el periodista Carlos Loret de Mola difundió en Latinus dos vídeos en lo que se observaba a Pío recibir un millón 400 mil pesos dentro de un sobre amarillo y una bolsa, quien le hizo la entrega fue David León Romero.
El periodista señaló que León Romero fue quien hizo las grabaciones en el año 2015 y el dinero sería utilizado para fortalecer la operación de Morena en Chiapas rumbo a la elección presidencial del 2018. León fue asesor del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco. En los vídeos, León Romero le dice a Pío si es qué Andrés Manuel se iba a dar cuenta del apoyo.
Al llegar Andrés Manuel a la Presidencia, León Romero fue designado coordinador nacional de Protección Civil del Gobierno Federal. En el año que fueron revelados los vídeos, León había sido nombrado por Andrés Manuel como la persona encargada de la empresa distribuidora de medicamentos, pero León no fue a tomar protesta del cargo. Además dijo que del 2013 al 2018 era consultor, no servidor público, que su manera de apoyar al Movimiento era recolectando recursos entre sus conocidos para la realización de asambleas y otras actividades.
Tras difundirse los vídeos, los partidos políticos del PAN y el PRD denunciaron a Pío por delitos electores, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR) Pío acudió a declarar, aunque a la Fiscalía no fue citado a declarar el Presidente. Dos años después la autoridad investigadora resolvió que la entrega del dinero no era un delito electoral, por lo que archivaron u cancelaron la carpeta investigación.
En 2023 Pio decide demandar al periodista y a Latinus, por daño moral, ya que dijo que lo difundido lo ha mantenido inactivo y sin percibir ingresos. En total pide por reparación del daño 400 millones de pesos. A León Romero también lo demanda y le pide reparar el daño moral con otros 200 millones de pesos, informó Loret de Mola el pasado 28 de febrero de 2024 al acudir al careo en la Ciudad de México.
Lo sucedido a Loret de Mola es un ejemplo más de que en el actual sexenio a los periodistas desde el gobierno se les cuestionan sus investigaciones, se ataca a quienes desde los artículos de opinión disiente con las políticas públicas del Presidente o de algún Gobernador, Gobernadora emanado de Morena.
En una democracia, los periodistas con su trabajo se convierten en los ojos y los oídos de la ciudadanía, ya que su labor permite articular el sistema democrático, además de informar también por así decirlo fiscalizan el quehacer público de los gobernantes y de los acontecimientos que suceden en la sociedad.
Manuel Alejandro Guerrero en el Cuaderno Democracia y medios en México: el papel del periodismo, editado por el INE, enfatizó que "ante la abrumadora cantidad de contenidos que nos rodean, el papel del periodismo –del buen periodismo– se vuelve hoy más necesario en términos de acercarnos contexto, sentido, explicación y seguimiento basados en rigor y método. Mientras la democracia siga siendo la aspiración fundamental hacia la cual encaminar los esfuerzos de la vida pública, su componente participativo –independientemente de sus formas y alcances– requerirá de información útil, relevante, oportuna, independiente y veraz, y ello es la razón de fondo por la que el periodismo profesional seguirá siendo necesario".
Por eso es vital que evitemos que el Periodismo sea silenciado, en la democracia todas las voces deben tener cavidad, los periodistas deben seguir realizando su trabajo con rigor y los gobernantes seguir en la cultura de la transparencia y el acceso a la información, nadie debe estar por encima de la ley, el primero en predicarlo debe ser el Presidente de México.
Además el Estado debe garantizar la protección de los datos personales de los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, por berrinches del gobernante no debe ponerse en riesgo a estos ciudadanos y ciudadanas.
