Monterrey, México.- Al finalizar el sexenio del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, desde Consejo Cívico encontramos claroscuros en materia combate contra la corrupción, seguridad y prevención de la violencia.
El primer gobierno estatal sin partidos en México llegó con una enorme expectativa ciudadana, y enfrentando grandes retos heredados de su antecesor, Rodrigo Medina. A la luz del trabajo que realizamos desde el Consejo Cívico, presentamos un balance de los avances, retrocesos y áreas grises de este sexenio 2015-2021.
En el combate contra la corrupción:
La gestión de Jaime Rodríguez Calderón inició en 2015 bajo la bandera de atacar la corrupción, marcado por la “Operación Tornado” para sancionar posibles actos de corrupción que vinculaban a Rodrigo Medina, exgobernador, y sus allegados. Se creó inclusive una Subprocuraduría en Combate a la Corrupción. Pese a ello, no hubo resultados tangibles. Medina pisó la cárcel por menos de 24 horas, y nunca se resarció el daño a la hacienda pública heredado por su administración.
En un hecho separado, no habían pasado ni seis meses cuando el caso llamado “Cobijagate” se dio a conocer. Si bien estuvieron señalados funcionarios de segundo y tercer nivel, cercanos al gobernador, a quienes se les obligó a renunciar a su puesto sin mayores consecuencias, el caso quedó en una total impunidad. A lo largo de la administración fueron señalados más casos, siempre relacionados con adjudicaciones directas y sin transparencia; el desvío de recursos públicos (servidores públicos) para recolectar firmas para la campaña presidencial de Jaime Rodríguez, casos de nepotismo (jubilación de la suegra del Gobernador), la opacidad de gastos para atender la crisis del COVID19, y el redireccionamiento de gastos etiquetados de manera totalmente opaca a otros fines para los cuales fueron asignados sin solicitar autorización al Congreso o rendir cuentas a la ciudadanía (caso del mantenimiento de las escuelas entre otros).
Los repetidos cambios de titular en la Contraloría estatal impidieron una continuidad de los esfuerzos, pero lo más patente de todo fue cómo el Contralor en turno es tan solo personal al servicio del Gobernador, que en vez de prevenir la corrupción en la administración, se dedica a desaparecer las pruebas y demorar los procesos de investigación hasta que caigan en el olvido.
Las malas prácticas administrativas que claramente apuntan a una corrupción al más alto nivel del gobierno, como las compras realizadas por medio de empresas factureras, evidencia la ausencia de controles internos y de coordinación entre la Contraloría, Tesorería, Secretaría de Administración e incluso de la nueva Unidad de Inteligencia Financiera de Nuevo León dependiente de la Secretaría General de Gobierno.
Si bien hubo algunos aciertos como la cancelación del proyecto hidráulico millonario de Monterrey VI o la cancelación del Penal de Mina, en la administración saliente no se consolidó una política de prevención y castigos ejemplares por actos de corrupción.
Jaime Rodríguez le hereda a Samuel García el reto de fortalecer y dar autonomía a los órganos de control interno, como a la Contraloría estatal y la UIF estatal, con la instrucción clara de actuar en contra de quién sea independientemente de sus relaciones con el nuevo gobernador.
También permanece el reto de crear mecanismos realmente efectivos e innovadores de prevención y detección de los casos de corrupción, y capacidad real de investigación y sanción administrativa a quienes resulten responsables de una falta administrativa o delito. El combate a la corrupción se comprueba en hechos y resultados, ausentes en la administración de Jaime Rodríguez, y que deberá dar pronto Samuel García para ganarse credibilidad.
En materia de seguridad y prevención de la violencia:
En materia de seguridad pública, la administración estatal saliente incumplió con la meta establecida en los indicadores de Cómo Vamos Nuevo León de contar con 7,500 mil elementos al cierre de su gestión. Hoy entregan la corporación con 4,662 policías estatales. Recordamos que a lo largo del sexenio, la corporación estatal fue señalada por abusos de los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, lo que evidencia la necesidad de mejorar sustancialmente los controles internos, y los valores que representa la FC y para lo que fue creada.
Sin embargo, a pesar de ello, se lograron algunos avances. Los delitos patrimoniales presentaron una disminución considerable, en lo individual y en el conjunto. En total, 13 de los 21 delitos que analiza el Observatorio de Seguridad y Justicia, disminuyeron entre enero-agosto del 2016 frente a enero-agosto del 2021, como; el robo a negocio con violencia con 85%, robo a negocio con 76%, robo a transeúnte con violencia con 70%, por mencionar algunos. Sin embargo esta disminución no es atribuible sólo al trabajo de la Fuerza Civil, sino al esfuerzo conjunto realizado con los municipios que son el primer contacto en estos casos.
No todo se logra con más y mejores policías. Un pendiente importante de este sexenio es haber minimizado la prevención social de la violencia, con una asignación muy baja de presupuestos y programas muy poco ambiciosos o alineados a las problemáticas reales que enfrenta el estado. Para ilustrar esto, basta con analizar los resultados cuantitativos: las principales víctimas de los delitos que incrementaron fueron las mujeres, niñas y niños. De acuerdo con el análisis del Observatorio de Seguridad y Justicia de Consejo Nuevo León, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo acumulado de enero-agosto del 2021 frente al mismo periodo del 2016, se incrementó la tasa de incidencia de: feminicidio con 1,528%; trata de personas con 1,427%; delitos sexuales con 91%; violación con 89%; y la violencia familiar con 7%.
Respecto a los delitos de homicidio doloso y el narcomenudeo, también registraron un alza de 53% y 151 %, respectivamente, al comparar el inicio del sexenio contra los meses finales.
Por otra parte, reconocemos el esfuerzo realizado para ordenar la situación de los CERESOS, especialmente el cierre del penal Topo Chico, y haber logrado reducir significativamente en la segunda mitad del sexenio la cantidad de motines, sobrepoblación y autogobierno en los penales. Si bien el gobierno parece tener control de los centros de reclusión, el tema de la atención integral a los internos para lograr su exitosa reinserción social después de cumplir con su pena sigue estando pendiente
Las organizaciones civiles que trabajan en la prevención de la violencia consideran que el gobierno de Jaime Rodríguez tardó en atender de forma estructural las políticas, planes y presupuestos para la disminución de la violencia en la entidad, enfocándose principalmente en esfuerzos de reacción y contención. Nunca se publicó una política estatal en materia de prevención social de la violencia que permitiera alinear el trabajo colaborativo entre el Estado y los municipios en materia de prevención, ni se asignaron los presupuestos que permitieran alcanzar resultados tangibles.
Jaime Rodríguez le entrega a Samuel García el reto de asumir un verdadero liderazgo en la prevención social de la violencia, y de ir más allá del discurso. Se necesitan romper los paradigmas actuales, y crear un gabinete estatal transversal, con una política estatal intersectorial, que priorice la prevención social de la violencia y la delincuencia por encima de las estrategias de reacción que tienen más de 20 años sin dar resultados para reducir las violencias en nuestras comunidades.
Hoy Nuevo León requiere enfocar la atención en aquellos problemas y causas raíces que actualmente son responsables de la inseguridad en nuestro estado. Muchos riesgos de origen social son los que provocan las violencias; en particular aquellas que afectan a mujeres, niñas, y niños. Hoy es tiempo de un cambio radical de estrategia.
