Yucatán y Nuevo León destinan millones contra el cambio climático sin resultados

Desde 2012, con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático, los estados y municipios de todo el país están obligados a suscribir convenios y aportar presupuesto para mitigar esta problemática. Incluso, México forma parte de varios acuerdos internacionales  como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, en un intento para sumarse a acciones globales para combatir problemas como el de la sequía.

La sequía es uno de los efectos del cambio climático que más trastoca la vida de las personas, este fenómeno sumado con el deficiente acceso y distribución del agua termina por trastocar a poblaciones tanto de comunidades rurales como áreas habitacionales, algunas incluso ubicadas en zonas industrializadas del país, de acuerdo con expertos.

Nuevo León es un claro ejemplo, ya que en 2022 vivió una de sus peores crisis hídricas registradas desde 1980, lo que llevó a la población a manifestarse en las calles por la falta de agua y a las autoridades a tomar medidas para incidir en el ahorro de este recurso.

Diana Obregón, quien vive en la ciudad de Apodaca, Nuevo León, cambió su rutina desde hace más de un año debido a la escasez de agua.

“Todos los días es de andar: y báñate pronto, y lava los trastes temprano”. En su casa el agua sólo llega de las cinco de la mañana a las dos de la tarde, hora en la que cortan el servicio. Para esa hora ya debe tener llenos los tambos de agua limpia y reciclada que usará el resto del día.

Al sur, en Yucatán, aunque se cuenta con el agua subterránea del acuífero, y se estima que existe un volumen de 2.059.634.923 metros cúbicos para concesionar al año, el agua no llega para todos. Existen comunidades mayas con un acceso muy limitado.  A pesar de esto, en esas mismas periferias se instalaron empresas que, con todo y las restricciones para los propios habitantes, extraen el líquido.

La empresa Papo, dueña de una mega granja de cerdos, ubicada en el municipio de Chapab, usa el agua que abastece el pueblo para su operación. Mientras que las personas sólo pueden disponer del líquido dos veces al día durante tres horas.

“Por mi casa lo prenden como a las ocho de la mañana y lo apagan a las dos de la tarde. Tienes que llenar tus tambores, tinacos todo lo que te vaya a servir porque hasta el día siguiente se va a volver a prender”, relató Adriana, una mujer ejidataria que junto con otras formó La Esperanza de Chapab, un grupo que busca rescatar la milpa tradicional.

Más de 100 solicitudes de información hechas para este reportaje confirmaron que, sí bien hay presupuesto destinado para el combate al cambio climático en ambas regiones, no hay resultados claros y tampoco transparentes de la asignación de contratos y acciones para este fin.

Expertas en el tema como la investigadora especializada en medioambiente, Pamela Tapia y la doctora en ciencia, Diana Sánchez, coinciden en que de nada sirve la inversión sin planes de desarrollo y conservación de los recursos naturales que contemplen la urbanización y aún más importante, a la ciudadanía. Además, mientras se priorice el desarrollo de las empresas sin exigirles una verdadera sustentabilidad no habrá marcha atrás en la pérdida de recursos naturales, aseguran ambas investigadoras.

La política pública debe ser de adaptación al cambio climático

Pamela Tapia, especialista en medioambiente y fundadora de la organización Mujeres, Niñas y Biodiversidad, explicó que los usos de cambio de suelo para la construcción de desarrollos habitacionales, lotes de inversión, hoteles e industrias son una de las principales causas del cambio climático. Introducir  estas obras sin los estudios adecuados modifica el ecosistema e impacta los hábitos de las personas.

En el caso de Yucatán, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó del 2018 a 2023, 95 permisos de cambio de uso de suelo. La mayoría a desarrollos habitacionales y lotes de inversión.

Uno de los obstáculos para la planificación y sustentabilidad habitacional es que Yucatán no cuenta con un mapa de desarrollo urbano a largo plazo. “En consecuencia, no tenemos claro cómo el cambio climático afecta estos asentamientos”, mencionó la especialista, Pamela.

Reiteró que los problemas de salud de las personas es otro síntoma de las secuelas de no aplicar una política pública que considere la ciencia, la sociedad civil y a la ciudadanía. 

El Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático enlista las plagas de mosquitos, que mantuvieron a Yucatán como el estado del país con más casos de dengue, y están relacionadas directamente con el cambio climático y la construcción sin planeación.

Esta falta de planeación urbana también afecta el volumen de agua por habitante. En el país disminuyó en 79 por ciento en 64 años, y se estima que del 2014 al  2030, en la Península de Yucatán disminuirá en 23 por ciento.

Contribuye a la deforestación y en consecuencia a las emisiones de dióxido de carbono (CO2). En ese sentido, el monitor Global Forest Watch, que vigila la pérdida del follaje, expuso que “En 2010, Yucatán tenía 2.60 millones de hectáreas de bosque natural, con una extensión del 69 por ciento de su superficie. En 2022, perdió 11.5 kilohectares de bosque natural, equivalente a 5.19 Mt de emisiones de CO₂”, se lee en su informe.

El norte del país también vive una pérdida de sus áreas naturales. En la Zona Metropolitana de Monterrey el crecimiento de la llamada “mancha urbana” se triplicó de 2010 a 2021, de acuerdo con el análisis realizado por el ambientalista Antonio Hernández.

El experto destaca en sus datos, obtenidos a través de imágenes satelitales, que mientras en 2010 la zona urbanizada tenía un estimado de 65 mil hectáreas, en enero de 2021 llegó a más de 177 mil hectáreas.

La pérdida de follaje también es notable en Nuevo León, de acuerdo con el monitor Global Forest Watch, en 2010 Nuevo León tenía 913 mil kilohectares (kha) de bosque natural, con una extensión del 14 por ciento de su superficie y en  2022 perdió 3.10 kha de esta área.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) prevé que para el año 2080 la temperatura en el Caribe, Golfo de México y Pacífico podría aumentar entre 1 y 2 °C y las lluvias se reducirían el 15 por ciento en algunos sitios del país y 5 por ciento en el Golfo.

En 2022, Nuevo León vivió una de sus peores crisis hídricas, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), además, datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su informe sobre la disponibilidad de agua subterránea, destacaron que trece de los 23 acuíferos de Nuevo León no tenían disponibilidad del líquido. Ese mismo año los mantos subterráneos contaban con -276.388786 hectómetros cúbicos, es decir, se encontraban sobreexplotados.

Para el director científico de la asociación civil Vida Silvestre, con sede en Nuevo León y profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, Ernesto Enkerlin Hoeflich, la crisis ambiental por la que atraviesa la entidad y que afecta especialmente a la Zona Metropolitana de Monterrey con la falta de agua para consumo humano, es consecuencia de una mala administración del recurso y las alteraciones en el clima.

Décadas atrás, explicó, se realizaron obras de parte de las autoridades bajo lo que llamó “ilusión de la abundancia” de recursos como el agua, principalmente, pero con la pujanza económica de Monterrey la ciudad se expandió hacia otros municipios y para paliar el problema de la falta del líquido se realizaron obras sin pensar en los cambios en el clima.

En Nuevo León, resaltó, se realizaron obras proyectadas a largo plazo, sin tomar en cuenta el acelerado crecimiento de la población, como las presas, que funcionan para almacenar agua de lluvias, las cuales cada año son menos, y otras que se quedaron en proyectos, como un acueducto para trasladar agua desde el estado de Veracruz.

“Tienes que tener una solución robusta y versátil… como hacer pozos de agua adicionales, reducir el dispendio a base de campañas de culturización o de regular la presión en diferentes horarios, esas fueron soluciones que se establecieron obligados por la crisis en 2022, que, de haberse aplicado antes, no hubiéramos tenido esa crisis”, dijo Hoeflich.

El Monitor de Sequía en México ubica a Nuevo León con 21.9 por ciento de su territorio en sequía severa. El estado tiene 35 municipios en condición de sequía moderada y severa y 16 permanecen como anormalmente secos. La situación actual contrasta con la del año 2020, cuando 63.9 por ciento del territorio de Nuevo León estaba sin afectación por sequía y el 36.1 por ciento en condición de sequía moderada.

Aunque en esta entidad existe un volumen de agua concesionada de fuentes superficiales y de acuíferos estimada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 2 mil 40 millones 576 mil 935 metros cúbicos por año, la falta del líquido no sólo disminuye la calidad de vida de las personas sino que también modifica sus rutinas.

Luis Lauro Rodríguez, quien trabaja como taxista, y quien vive en la Colonia Metroplex en Apodaca, uno de los municipios más industrializados de Nuevo León, aseguró que nada ha vuelto a ser igual después de la sequía, pero ya se acostumbró a realizar por las mañanas las actividades que requieren de un mayor uso de agua.

“De que hay algo en el movimiento climático, sí hay, haz de cuenta que se ve en la temperatura, esta temperatura tampoco se había visto, son de muchos, muchos grados y luego también mucho frío, y luego sin agua y ahorita el solazo, entonces hay muchos cambios”, afirmó.

Luis Lauro aseguró que esta situación no sólo se vive en Apodaca, también en toda el área metropolitana y los municipios de la periferia, donde las quejas son las mismas: reducen el agua todos los días, cortan el servicio por horas y que sólo tienen agua de las cuatro o cinco de la mañana y hasta las dos o tres de la tarde.

Presupuesto sin resultados

Entre 2018 y 2023, el Gobierno de Yucatán, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), destinó un total de 67 millones 229 mil 324 pesos a acciones enfocadas a la mitigación y adaptación contra el cambio climático.

Monto que en palabras de expertos en la materia es insuficiente en relación a las acciones que se realizan de manera interinstitucional.

“No podemos hacer una política pública pensando en la vegetación o biodiversidad sin atender al cambio climático, contaminación y recursos hídricos. Tenemos que pensar en la participación de la sociedad civil y cómo ellos pueden trabajar a la par de otros sectores como el privado, academia y sector salud”, dijo Pamela Tapia.

De acuerdo con la documentación pública y a diferentes solicitudes de transparencia, no se encontró ningún mecanismo estatal que mida los resultados de estos presupuestos. Se solicitó una entrevista a la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán, Sayda Rodríguez, pero no hubo respuesta.

En el caso de Nuevo León, en el organigrama del Gobierno del Estado hay dos secretarías encargadas de las políticas públicas en favor del medio ambiente, entre estas, las de disminuir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación al cambio climático, que son la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Medio Ambiente.

Durante los años 2021, 2022 y 2023, el presupuesto de egresos marcó montos por 108 millones 520 mil 108, 114 millones 780 mil 414 y 150 millones 947 mil 294 pesos, respectivamente, para un total en los tres años de 374 millones 247 mil 771 pesos en recursos para realizar acciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación de las regiones del estado al cambio climático.

El monto de recursos erogado por Nuevo León en los últimos tres años, es 5.6 veces superior al reportado por Yucatán entre los años 2018 a 2023, que ascendió a 67 millones 229 mil 324 pesos.

En Nuevo León, las secretarías de Desarrollo Sustentable y de Medio Ambiente, no transparentaron sus contratos al solicitarlos vía la Plataforma de Transparencia. Al solicitarlos a la Secretaría de Administración dieron respuesta con el folio 191393623000241, donde respondieron que no contaban con la información pedida.

En Yucatán, mujeres luchan por el agua y la milpa

Las comunidades rurales de Yucatán son conscientes de que cada día los recursos naturales están en riesgo, el cambio climático sumado a las grandes empresas agroindustriales y porcícolas que se asentaron en la región ha puesto en riesgo la soberanía alimentaria de la comunidad, por lo que un grupo de mujeres se consolidó como ejidatarias y fundó la Nueva Esperanza de Chapab.

No cuentan con un pozo de agua para regar los alimentos que siembran: calabaza, sandía, cilantro, elotes. Todos los días acarrean agua en cubetas. Se trasladan en moto o mototaxi de la cabecera municipal de Chapab al predio fuera de la localidad donde trabajan. A la fecha no reciben apoyo de ninguna autoridad ni estatal, ni federal. Resisten.

“Lo que nos hace falta es el agua porque acarreamos en botellones. La cosecha se divide entre nosotras, por ejemplo, la calabaza si van a comer su puchero y así, pueden venir a buscarlo porque todas lo trabajamos y si viene alguien a comprarlo igual, se lo vendemos para poder seguir cosechando”, narró una de ellas, Elia Noemi Uicab Pacheco.

En la tierra donde trabajan las mujeres antes había una granja de cerdos. Se instaló en las inmediaciones del municipio y, a diferencia de los horarios cortados en los que el pueblo tiene agua en sus casas; la granja de la empresa PAPO tiene agua todo el día.

Existen soluciones

Las y los expertos en la materia del cuidado medioambiental y cambio climático son optimistas ante el panorama. Concluyeron que si bien los daños a la naturaleza no son reversibles, aún se puede trabajar en crear políticas públicas y planes de desarrollo en los que la ciencia aporte el conocimiento. Se puede mejorar la calidad de vida para las personas.

“Tenemos personas con la capacidad de resolver los problemas, pero no se generan los puentes de comunicación entre el gobierno, academia, el sector constructor y empresas. Se deberían formar puentes de comunicación entre el dinero invertido de los contribuyentes en la academia, pero están encerrados en su laboratorio en producir artículos”, opinó la doctora Diana Sánchez.

Ernesto Enkerlin Hoeflich considera que en Nuevo León, específicamente para la Zona Metropolitana de Monterrey, se requiere de trabajar en dos vertientes hacia el futuro: realizar obras para mejorar la administración del agua, que cada vez será menos, y blindar a la zona de eventos que se prevé se intensificarán con el cambio climático, como los huracanes.

Más que obras “faraónicas” para mejorar la captación, almacenamiento, distribución y cobertura del agua, mencionó, se requiere de trabajos como la apertura de pozos, campañas de concientización en el uso del líquido, acueductos en territorio neolonés, entre otras, ya que con estas se garantiza que en la entidad no haya otra crisis como la de 2022.

“Yo me atrevo a vaticinar que en Nuevo León en el tema de abasto de agua ya no va a tener una crisis en bastantes años, seguramente cinco o diez años”, destacó, “ y si hacemos bien las cosas, casi puedo decir que ya no va a haber crisis de agua en Nuevo León porque fue y es una dolorosa lección”.